El Viejo Almacen -Bs.As.

Surplus Approach

“Es necesario volver a la economía política de los Fisiócratas, Smith, Ricardo y Marx. Y uno debe proceder en dos direcciones: i) purgar la teoría de todas las dificultades e incongruencias que los economistas clásicos (y Marx) no fueron capaces de superar, y, ii) seguir y desarrollar la relevante y verdadera teoría económica como se vino desarrollando desde “Petty, Cantillón, los Fisiócratas, Smith, Ricardo, Marx”. Este natural y consistente flujo de ideas ha sido repentinamente interrumpido y enterrado debajo de todo, invadido, sumergido y arrasado con la fuerza de una ola marina de economía marginal. Debe ser rescatada."
Luigi Pasinetti


ISSN 1853-0419

7 feb. 2016

Fallas teóricas


Se puede creer que la administración de la Alianza PRO es una plutocracia que busca favorecer a los sectores más acomodados de la población. Para quienes están ideológicamente en la vereda de enfrente las dudas son pocas. Basta con escuchar hasta el modo de hablar de los primeros funcionarios, sus descuidos excluyentes y racistas, ver las universidades de las que provienen o advertir el perpetuo sesgo de clase de quienes desconocen, por ejemplo, lo que significa para una familia quedarse sin ingresos. Sin embargo, estas cuestiones son ajenas al análisis económico. El gran problema de los economistas de la Alianza PRO no es su situación de clase o su falta de empatía con los sectores más postergados, sino que su teoría económica está mal y, en consecuencia, conducirán a una recesión segura y a una crisis posible. No es un dato nuevo ni una visión en la bola de cristal, ya lo hicieron en el pasado.

El padre de todos los errores es la creencia de que un gobierno “amistoso con los mercados”, que genere “un buen clima de negocios”, tendrá necesariamente respuestas positivas del poder económico. El segundo error, más teórico, es creer que basta con frenar la inflación, liberalizar el comercio y reducir impuestos y regulaciones para que “se liberen las fuerzas productivas” y la economía crezca de la mano de la explosión de la inversión. El tercero, igual de grave, es creer que si todos estos ajustes se hacen rápido se obtendrán resultados a velocidad similar. Quizá sea una obviedad decirlo, pero el buen hacedor de políticas económicas es el que puede predecir con claridad el comportamiento de los actores frente a las medidas implementadas. De nada vale el más sofisticado de los diseños, si luego los actores no responden según lo esperado.

En esta línea resulta de interés escuchar las pocas autocríticas que asoman sobre el mar de optimismo. Un columnista del diario La Nación, por ejemplo, se quejaba amargamente por “la irresponsabilidad” de los sectores exportadores y formadores de precios. La crítica hacia los primeros era porque no están liquidando los 400 millones de dólares diarios prometidos, sino bastante menos que la cuarta parte, especulando con nuevas devaluaciones. Hacia los segundos, porque a pesar del cambio de reglas económicas habían respondido con fuertes subas en casi todos los rubros, desde los insumos industriales a los medicamentos, pasando por todos los alimentos, incluyendo no sólo el componente de precios resultado de la quita de retenciones y los insumos importados, es decir, las subas lógicas, sino aprovechando la volada para todo lo demás. Los reproches no fueron sólo periodísticos, también estuvieron presentes en las reuniones entre el Gobierno y empresarios. Al parecer, ya no sería la “emisión descontrolada” la responsable de la inflación. Lo notable, hablando de predicciones, es que los “policymakers” PRO sigan creyendo genuinamente que exportadores y formadores de precios responderán, más allá de algún gesto coyuntural, a los pedidos de responsabilidad de los funcionarios. Al poder económico se lo gobierna con reglas.

Lo que sí parecen tener claro los nuevos funcionarios es que las subas de precios dependen del nivel de salarios (aunque crean que el mecanismo de transmisión sea la demanda y no los costos), por eso todas las energías y expectativas están puestas en las paritarias, donde se pretende negar el fuerte salto inflacionario desde el pasado noviembre y se juega con la fantasía de una inflación de entre el 20 y 25 por ciento para todo 2016. Según un relevamiento del CESO sobre los precios de los supermercados, sólo en enero, sin aumentos de tarifas, los aumentos rondaron el 4 por ciento, pero llegaron al 4,9 para la Canasta Básica Alimentaria (ver nota de tapa). Tras la magra oferta realizada en la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, lindante con la falta de respeto a la dirigencia gremial, difícilmente los encuentros secretos entre Mauricio Macri y líderes cegetistas, incluidas las suculentas transferencias para las obras sociales sindicales, serán suficientes para contener a las bases. No debe olvidarse el fuerte impacto del nuevo tarifazo eléctrico. La Consultora Contexto cruzó los aumentos que comenzaron a regir este mes con los ingresos por deciles de la Encuesta Permante de Hogares y calculó la poda de poder adquisitivo para el 10 por ciento más pobre en un significativo 12,9 por ciento en el caso de los residentes de AMBA y del 6,9 para el resto del país. La diferencia se debe a que en el segundo caso todavía no se ajustó el cargo por distribución (VAD). Si se toma el promedio de los tres deciles más bajos, la poda es del 10,6 para el AMBA y del 5,6 para el resto. Estos números representan lo que va a caer el poder adquisitivo del 30 por ciento más pobre de la pirámide de ingresos solamente por la suba de tarifas eléctricas. El Gobierno sostiene que estos sectores serían compensados por la tarifa social, pero lo cierto es que son quienes proporcionalmente más consumen electricidad tanto por la falta de acceso al gas como por poseer electrodomésticos más viejos y difícilmente puedan mantener su consumo por debajo de la exigencia de los 150 Kilowatts hora, el tope a partir del cual rige la tarifa plena. No debe olvidarse, además, que para las pymes del AMBA la tarifa eléctrica aumentará alrededor del 550 por ciento. Y todavía faltan los ajustes en el gas y en el transporte público.

Inflación desatada, especialmente en alimentos, y tarifas que contribuirán a la poda del poder adquisitivo no parecen el mejor combo para paritarias tranquilas, el principal objetivo de un gobierno cuya teoría le indica que la baja inflación es el objetivo principal. Por ello el tercer componente es el miedo a perder el empleo. Según el Observatorio de la Central de Trabajadores Argentinos, los despidos de los primeros 50 días de gestión de la Alianza PRO suman 25.599 en el sector público y 41.529 en el privado, es decir, 67.128 nuevos desocupados. Esta cifra significa un aumento del desempleo del 7 por ciento, con lo que la desocupación creció del pesado 5,9 por ciento heredado al 6,3, un número todavía demasiado bajo para desempoderar, pero suficiente para volverse precavidos al momento de negociar.

Aunque todo ocurre a la velocidad de la luz y el pasado reciente parece lejano, vale recordar cómo cambió radicalmente el contenido de la discusión económica: de Impuesto a las Ganancias y superar restricción externa para seguir creciendo a caída del poder adquisitivo, recesión y desempleo. A la nueva administración le bastaron apenas dos meses para alterar todos los indicadores y justificar un ajuste. Es un verdadero éxito de legitimación que los economistas que siguen hablando de austeridad, siempre con tono de reproche moral, una suerte de monjes de la profesión, continúen siendo considerados “serios”. No lo son. Utilizan teorías erróneas, refutadas por la historia, o defienden a sabiendas los intereses del poder económico en desmedro del bienestar de las mayorías.

Original: Cash

1 feb. 2016

Curso sobre El Desarrollo y sus Trayectorias" Argentina y Brasil en perspectiva comparada

Posteamos el aviso de un muy interesante curso sobre el desarrollo economico comparado.




Los días 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 y 26 de febrero de 2016 se llevará a cabo la Escuela de verano de Economía Política UNGS para egresados y estudiantes avanzados de las carreras de economía.
El curso será dictado por Eduardo Crespo y Andrés Lazzarini (Docentes e investigadores de La Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil) y el tópico será "'El desarrollo y su trayectoria. Argentina y Brasil en perspectiva comparada".
A los interesados en participar se les solicita que ingresen al siguiente link y registren sus datos en el formulario. Posteriormente, es obligatorio que entreguen la documentación que se detalla a continuación en la oficina de Formación Continua, ubicada en el módulo 1 de la universidad. La misma atenderá al público a partir del 3 de febrero. 
  1. Constancia de CUIL.
  2. DNI y fotocopia del mismo. 
  3. Original y copia del título, en el caso de graduados.
  4. Certificado de materias aprobadas, en el caso de estudiantes (porcentaje mínimo de 60% de materias aprobadas).
Asimismo, aquellos que no sean estudiantes o graduados de la UNGS deberán abonar un arancel de $350. La realización del pago, así como también la entrega de la documentación pueden realizarse, inclusive, hasta el mismo día de inicio de clases.

Por último,  en el caso que hubiera cupo al finalizar el periodo de inscripción, aquellos que no cumplieran con el cuarto requisito (60% de materias aprobadas) podrán inscribirse. Favor de consultar por e-mail a formacionidei@ungs.edu.ar

16 ene. 2016

Income distribution and the size of the financial sector


por Carlo Panico and Antonio Pinto
 
 

Centro Sraffa is pleased to announce that Centro Sraffa Working Paper (CSWP) N. 15Income distribution and the size of the financial sector, by Carlo Panico and Antonio Pinto.

 
 
Abstract
The paper deals with the influence of the size of financial industry on income distribution. In opposition to Piketty’s position, it argues that the wage share is influenced by changes in the size of the sectors of the economy, by the input composition of the productive structure and by the ability of the workers to capture the increases in productivity. The process of financialization experienced in the recent decades has affected these three elements. Among other things, it has enhanced the ability of the banking industry to affect the formation of monetary policy and legislation, which in turn can have had some bearing on the workers’ ability to appropriate the increases in productivity. After describing Piketty’s interpretation of the rise in inequality and discuss his views on the theories of distribution, the paper illustrates different representations of the financial sector proposed by the literature, underlining the relevance of considering this sector as an industry. By following these lines the paper describes how an enlarged size of the banking industry can increase inequality.

Resumen
El artículo trata sobre la influencia del tamaño de la industria financiera en la distribución del ingreso. En oposición a la postura de Piketty, se argumenta que la participación de los salarios es influenciada por los cambios en el tamaño de los sectores de la economía, por la composición de inputs de la estructura productiva y por la capacidad de los trabajadores para capturar el aumento de la productividad. El proceso de financiarización experimentado en las recientes décadas ha afectado a estos tres elementos. Entre otras cosas, ha mejorado la capacidad del sector bancario para afectar a la elaboración de la política monetaria y la legislación, que a su vez puede haber tenido algo que ver con la menor capacidad de los trabajadores para apropiarse de los incrementos en la productividad. Después de describir la interpretación de Piketty del aumento de la desigualdad y discutir sus puntos de vista sobre las teorías de la distribución, el trabajo muestra  las diferentes representaciones del sector financiero propuestas por la literatura, subrayando la importancia de considerar a este sector como una industria. Siguiendo estas líneas, el documento describe cómo un gran tamaño de la industria bancaria puede aumentar desigualdad.


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10 ene. 2016

Derecha y salarios




 Por Claudio Scaletta

Si alguien tenía alguna esperanza de que un gobierno de la Alianza PRO asumiera la forma de una derecha moderna, renovada, con aprendizaje de los errores del pasado y algún gradualismo social en la implementación de sus políticas más duras, ya puede abandonarla. El único hecho novedoso de la Alianza derechista no peronista que gobierna el país hace apenas un mes es que llegó al poder con la legitimidad de los votos. Comprendió a su adversario, catalizó una amplia alianza de poderes fácticos, pero sobre todo fue capaz de capitalizar el desgaste de doce años de ejercicio del poder al tiempo que la Hidra peronista se desperezaba de su letargo; la interna inmanente de un movimiento en el que conviven izquierda y derecha, nacionalistas y liberales, cabezas de feudos provinciales e intelectuales reformistas, una bestia que no se calmará hasta que reconstruya el conductor que la apacigüe y sintetice.

Pero mientras el movimiento nacional sigue sumergido en el estupor de la derrota y resiste con aguante sin pensar todavía en cómo volver, su ala derecha arriesga la idea vana de negar a su fuerza mayoritaria: la base kirchnerista, un aporte retardatario al sueño gorila de un peronismo fragmentado. En el camino, la Alianza PRO avanza sin miramientos desandando todos y cada uno de los remilgos institucionalistas que caracterizaron su semántica en tiempos de oposición. Su republicanismo mostró ser apenas un recurso discursivo para correr del primer plano el objetivo principal: la transformación radical del modelo económico emergente tras la crisis de 2001-2002, una vuelta al pasado neoliberal mucho más violenta de lo que el más agorero pudo haber previsto en tiempos de campaña.

A pesar de los consejos de su gurú ecuatoriano, Jaime Durán Barba, el PRO no fue capaz de contener a sus Furias y avanzó aceleradamente en un shock ajustador de resultados impredecibles. A la devaluación libertaria, que quizá podía comprenderse dentro de su lógica como un paso necesario para el cambio de paradigma económico, no tardó en sumarle la idea atávica de toda derecha triunfante: una verdadera purga del sector público.

El fenómeno de los cuadros políticos ocupando espacios en el Estado es propio de las democracias de partidos. En muchos casos es un proceso necesario para garantizar la aplicación de políticas, pero también tiene dimensiones enojosas para quienes miran de afuera, en particular por las imperfecciones que nunca faltan: el nepotismo, el amiguismo, los colados o ñoquis propiamente dichos y, en general, todos quienes ocupan lugares para los que no están ni técnica ni políticamente capacitados. Se trata de esos colaterales que el ejercicio democrático debe corregir permanente y sistemáticamente. Pero a no confundirse, no son estas deficiencias las que el nuevo gobierno intenta corregir, sino la excusa.

Los objetivos son en realidad mucho más amplios y en dos frentes. Primero: la persecución ideológica, limpiar al aparato de Estado de cualquiera que pueda sospecharse portador de vestigios kirchneristas, no sólo (comprensiblemente) los niveles intermedios y superiores. Segundo, reducir la masa salarial pública; una poda del gasto que cumple a su vez dos objetivos. Primero contribuir a compensar las transferencias implícitas en la eliminación de impuestos y aranceles que beneficiaron a exportadores y sectores de altos ingresos. Segundo, aportar a la intimidación laboral del administrador de fortunas y actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien señaló la necesidad de elegir entre sostener el poder adquisitivo del salario o mantener el empleo. Que un ministro recurra a la amenaza de la exclusión en un país con una memoria muy dolorosa en la materia es por lo menos grave. Es también un hito histórico por el que siempre será recordado, pero sería escandaloso si el nuevo gobierno no gozase de una potente protección mediática.
La inducción a la baja de los salarios reales es, además, un componente central del nuevo modelo económico. El éxito de una devaluación se basa, precisamente, en que los salarios crezcan menos que los precios. Estructuralmente, la única manera efectiva y conocida para conseguir una reducción salarial real es mediante la disminución del poder de negociación de los trabajadores, lo que ocurre cuando aumenta la desocupación.

El segundo efecto del mayor desempleo es sobre la inflación. El mecanismo no es, como vulgarmente se cree, porque cae la demanda al caer el consumo de los desempleados, sino porque cuando cae la demanda cae también la actividad económica, el Producto y luego el empleo, lo que se traduce en menor puja distributiva. No es lo mismo ir a paritarias con la economía creciendo y bajo desempleo que al revés.
Si el trabajador del sector privado, formal e informal, cree que los despidos masivos en el sector público no lo afectarán se equivoca de cabo a rabo. Esos despidos aumentarán la masa global de desempleados, reducirán su poder de negociación y ello, finalmente, se trasladará a su nivel de salario.

Aunque dependiendo de la perspectiva teórica la problemática económica puede depender de distintas variables, financieras y reales, lo que está detrás de todas las disputas es el nivel de salarios y su contrapartida, la tasa de ganancia. El objetivo de las derechas neoliberales es siempre la reducción de salarios, que sería la baja “competitiva” de los costos empresarios. Esta distribución regresiva, con independencia de su nivel, ocurre en todos los países en los que llegan al poder, sea el centro o la periferia, Estados Unidos y Europa o América latina.

En el caso argentino resulta sintomático que hace apenas dos meses, en plena campaña electoral, los problemas que preocupaban al “movimiento obrero organizado” eran de segunda generación, por ejemplo; el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores con mayores ingresos. Apenas pocas semanas después, el retroceso parece tan violento como para regresar a un estadio no sólo de primera generación, el nivel de salarios, sino cuasi pre capitalista, con funcionarios de primera línea que tercian en las futuras paritarias amenazando a los trabajadores con la exclusión. El próximo paso parece estar más en manos de los propios trabajadores que en su dirigencia. El nuevo oficialismo estima que podrá conducir el conflicto con los 26.000 millones de pesos que el Estado adeuda a las obras sociales. Resta ver si prevalece la organización sindical o los todavía silenciosos dueños de los sindicatos, algunos votantes confesos de la Alianza PRO.