El viejo Almacén. BsAs

Surplus Approach

“Es necesario volver a la economía política de los Fisiócratas, Smith, Ricardo y Marx. Y uno debe proceder en dos direcciones: i) purgar la teoría de todas las dificultades e incongruencias que los economistas clásicos (y Marx) no fueron capaces de superar, y, ii) seguir y desarrollar la relevante y verdadera teoría económica como se vino desarrollando desde “Petty, Cantillón, los Fisiócratas, Smith, Ricardo, Marx”. Este natural y consistente flujo de ideas ha sido repentinamente interrumpido y enterrado debajo de todo, invadido, sumergido y arrasado con la fuerza de una ola marina de economía marginal. Debe ser rescatada."
Luigi Pasinetti


ISSN 1853-0419

Entrada destacada

Teorías del valor y la distribución una comparacion entre clásicos y neoclásicos

Fabio PETRI   Esta obra, traducida por UNM Editora, ha sido originalmente editada en Italia con el título: “Teorie del valore e del...

30 jun 2016

¿Qué es la Alianza del Pacífico?




 Por Margarita Olivera

Desde diciembre del año pasado, la agenda de política exterior ha dado un giro de 180 grados. El discurso del nuevo gobierno se ha centrado en la urgencia de volver a insertar a la Argentina en el mundo. El problema es cómo quieren hacerlo y a qué costo. Por el momento, todo indica que el camino sería la firma de tratados de libre comercio con diferentes bloques económicos, mientras que cualquier otra estrategia de profundización del maltrecho MERCOSUR -o de consolidación de la UNASUR- parece haber quedado en el olvido. De hecho, las relaciones internacionales argentinas en los últimos meses han tenido como objetivo el acercamiento hacia la Alianza del Pacífico (AP) que, cual nuevo bloque estrella de la región, es visto como el puente de conexión para la integración al Acuerdo Transpacífico, liderado por los Estados Unidos. La Argentina ya solicitó ser incluida como veedora de la AP y en ese contexto Mauricio Macri viajó a Puerto Varas para participar, como hecho inédito, de su cumbre de presidentes. Es interesante analizar, entonces, cuáles son las características de este bloque regional, cuál es la filosofía detrás de su construcción y cuáles serían los posibles beneficios que la Argentina podría obtener.

En abril de 2011 Chile, Colombia, Perú y México anunciaron la creación de un nuevo bloque económico latinoamericano, la AP, que entre sus objetivos destaca aquel de conformar “un proceso de integración abierto e incluyente, constituido por países con visiones afines de desarrollo y promotores del libre comercio como impulsor de crecimiento”. Esta renovada, aunque vieja idea liberal encuentra su base teórica en la concepción según la cual las economías deberían especializarse en aquellas producciones en las cuales tengan ventajas competitivas (en nuestros casos serían las manufacturas basadas en recursos naturales y los productos primarios) y obtener el resto de los productos a partir del libre intercambio comercial internacional. Así, según esta teoría dominante, todos los países alcanzaríamos mayores niveles de riqueza y desarrollo. Como en muchos casos, la realidad supera a la teoría y, más allá del corto periodo de bonanza reciente que experimentaron las exportaciones de commodities, la especialización primaria se muestra nuevamente incapaz de cerrar las brechas tecnológicas y de crecimiento de los países en vías de desarrollo con respecto a los países avanzados. ¿Por qué, entonces, tanta retórica librecambista? Tal vez los motivos deberían buscarse más bien en los aspectos geopolíticos que en los beneficios económicos.
El discurso del nuevo gobierno se ha centrado en la urgencia de volver a insertar a la Argentina en el mundo. El problema es cómo quieren hacerlo y a qué costo
El nuevo bloque no se distingue por sus niveles de integración y complementariedad productiva. De hecho, al momento de la creación de la AP, los cuatro países evidenciaban niveles de intercambio comercial exiguos y sus principales productos ya gozaban de bajos aranceles aduaneros. En 2012, el flujo de exportaciones intra-bloque representó el 3,9 por ciento del total de exportaciones del conjunto de países, mientras que del total de productos importados por los países de la región sólo el 4,3 por ciento fue producido por alguno de ellos. Hacia 2014, dichos guarismos se redujeron. Según los datos de comercio internacional de Naciones Unidas, las exportaciones intra-bloque pasaron a representar 3,4 por ciento del total, mientras que para las importaciones dicho porcentaje fue de 3,7.

En ese sentido, la creación de la AP parece tener como objetivo más bien la necesidad de demostrar un posicionamiento político, que contrastara con las ideas de integración y de estrategia de política económica más de tipo progresista que predominaban en la UNASUR en ese entonces, que la consolidación de la integración comercial y la autonomía económica del bloque. Esto explica también la reticencia por parte del anterior gobierno argentino a firmar este tipo de acuerdos. Por otra parte, el principal socio comercial del bloque (considerando exportaciones e importaciones) es Estados Unidos. Las ventas a dicho destino en 2014 llegaron al 62,2 por ciento de total y las compras al 43,9 por ciento. Hay que destacar que si bien Estados Unidos desempeña un rol central en el intercambio comercial para los cuatro países de la AP, su importancia es significativamente mayor para la economía mexicana, dada la profundización de la relación a partir de la creación del NAFTA y, sobre todo, a partir de la emergencia de la producción llamada “maquila”, que se encarga del ensamblado de productos y partes de los Estados Unidos.

Es importante destacar que luego del fin de las negociaciones entre Estados Unidos y los países Latinoamericanos para crear el ALCA en 2005, los diferentes gobiernos de los Estados Unidos han tenido una política activa para promover la proliferación de acuerdos de libre comercio, bilaterales o multilaterales, con diferentes países de la región como parte de su estrategia geopolítica. Entre 2005 y 2006 Perú y Colombia firmaron Acuerdos de Promoción Comercial (tratados de libre comercio) con Estados Unidos. En ellos, el principal elemento atractivo era la promesa de flujos de inversión extranjera norteamericana.

La AP se ha creado con este espíritu y la participación de Argentina parecería encaminarse en ese sentido. El actual gobierno está desesperado por resolver la falta de dólares necesarios para evitar la crisis de balanza de pagos (para ello hasta ahora accionó el acuerdo con los fondos buitres, bajo condiciones draconianas de pago, devaluó la moneda local y se volcó a los mercados internacionales en busca de crédito a cualquier costo). El acercamiento a la AP y, a través del mismo, a Estados Unidos, sería parte de la estrategia para incentivar el ingreso de flujos de inversión extranjera que, hasta el momento, no se ha verificado ni siquiera mínimamente. El problema esencial es que la inversión extranjera, si llegare, difícilmente sea inversión productiva, ya que el contexto de recesión, caída de la demanda interna y externa y las altas tasas de interés de mercado hacen que aquella se canalice hacia la especulación financiera. En el mejor de los casos, podría servir para tapar algún bache temporal de falta de dólares, pero no sería una solución permanente, dado que no ayudaría a resolver la restricción externa en el largo plazo.
¿Por qué tanta retórica librecambista? Tal vez los motivos deban buscarse más en los aspectos geopolíticos que en los beneficios económicos
Tampoco pueden esperarse grandes beneficios en el intercambio comercial entre Argentina y la AP. En 2014 la AP compró a la Argentina sólo el 1,5 por ciento de sus importaciones, mientras que sus exportaciones a dicho destino fueron 0,6 de las exportaciones totales. Para Argentina, el peso de la AP es relativamente mayor, pues Argentina le vende el 8,7 por ciento de sus exportaciones y le compra el 4,4 por ciento de sus importaciones totales. Este intercambio es esencialmente de productos primarios y de manufacturas de recursos naturales, y en menor medida productos de complejo automotriz. La industria automotriz tal vez sea el único caso significativo de intercambio bilateral entre México y Argentina, aunque poco relevante dado su peso relativo; de hecho para incentivarlo sería suficiente un acuerdo específico sectorial y no todo un TLC.

En conclusión, la integración con la AP parecería tener un doble objetivo: primero, el simbolismo que este acercamiento implica respecto al cambio de rumbo tanto de política local como externa y, segundo, el intento de incentivo a la inversión extranjera por un canal indirecto (dado que quienes podrían aportar los flujos de capital serían los países del acuerdo transpacífico, esencialmente Estados Unidos y Japón, y no la AP), que sirva para mejorar la disponibilidad de dólares. Con todo, en el contexto de recesión nacional, con las exportaciones estancadas y altas tasas de interés, difícilmente dicho ingreso de divisas trasformará la estructura productiva en el camino de solución de largo plazo de la restricción externa.

27 jun 2016

Presupuesto y Conflicto Distributivo





por Carlos Pinkusfeld



La principal noticia económica de finales de mayo era la nueva propuesta de presupuesto de la administración Temer para 2015. Tiene esta propuesta aspectos estrictamente económicos, políticos e incluso mediáticos que merecen nuestra atención.

El primer hecho a destacar es que el presupuesto es una buena noticia. Después de semanas de masacre monotemática en los medios de comunicación por parte de las autoridades con respecto a la imperiosa necesidad de reducir el gasto, se presenta un presupuesto... ¡sin muchos recortes de gastos!! De hecho todo lo contrario, como veremos más adelante. 
Se podría hablar de robo "no electoral". Después de todo, es irónico que el camino tomado por un gobierno no elegido parece ser lo contrario del de uno electo, uniéndose a ellos solamente en la negación de las promesas de "campaña". Nadie duda que la profunda recesión de 2015, que prácticamente se repitió en 2016, fue un elemento clave en el proceso de juicio político del gobierno de Dilma. Para ejecutar un programa de ajuste fiscal con una reducción real del gasto público, la presidente Dilma Rousseff incluso ha llamado a un economista ortodoxo de mercado con credenciales, casi prístino, añadiendo a su proyecto inicial de gobierno, la política fiscal austera, una dimensión simbólica: un economista austero.

Como era de esperar, en 2015, la contraccionismo fiscal fue contractivo en términos macroeconómicos y la historia tendrá que juzgar el papel que jugó tal desastre económico en el proceso que eliminó al presidente del gobierno. Pero como de la historia se sacan lecciones para no repetir los errores del pasado, parece que fuera del campo de retórica, los actuales gestores de la economía han aprendido la lección.

Pero el contraccionismo podría llevar a la economía hacia un abismo de proporciones inimaginables, y peor aún, ni siquiera sería efectivo para los fines de ajuste fiscal del gobierno; los ingresos fiscales podrían caer posiblemente más que los recortes de gastos. Sin embargo, es posible que la historia pueda haber enseñado al equipo económico del gobierno de Temer a no cometer locuras, como las propuestas de mediano plazo, o los ajustes estructurales en el sector público muestran que el intento mínimo de legitimación de un gobierno inherentemente frágil se asocia con una fuerte orientación conservadora del nuevo gobierno. Estas dos dimensiones, el propio presupuesto y el proyecto de mediano plazo, están conectados entre sí, sino para que puedan tener claridad acerca de sus características específicas que deben ser analizados por separado.

El presupuesto presentado tiene algunas similitudes al sugerido por el equipo anterior de marzo, como se ha señalado por el propio ex ministro Nelson Barbosa, pero es menos contractiva o más expansiva más de la propuesta anterior.

Un primer punto importante que distingue a las dos propuestas sería la estimación de los ingresos fiscales, es decir, se puede decir que el nuevo equipo fue más realista, y predijo una nueva caída de los ingresos fiscales debido a la contracción del producto. Después de todo, como la recaudación depende de la propia actividad económica sea por medio de los impuestos indirectos sobre el producto o impuestos directos sobre los ingresos generados en el período, hay una fuerte contracción simultánea del PIB y la recaudación resultando de forma casi automática, en un mayor déficit.

La frustración de la recaudación esperada, o como se esperaba recaudar y no se espera más por causa de la recesión, aumentó en alrededor del 40 RS mil millones. Al ser más realista en términos de los ingresos del gobierno, al mismo tiempo que se exime de recortes adicionales en el gasto, con sus impactos contractivos sobre la demanda, también se libra de restricciones legales as gastos que muchos problemas trajeron a la presidenta.

Otra medida importante se espera para reducir los pagos por parte los estados y municipios al gobierno federal sobre RS 20 mil millones que sin duda será importante para dar un poco de alivio a las maltrechas finanzas públicas subnacionales (estados y municipios).

Por último, la otra buena noticia es una extensión de los gastos obligatorios de RS 28 mil millones que en la propuesta anterior estaban sujetos a diversas formas de restricción. La reflexión de economía política sobre este presupuesto menos contractivo que la propuesta anterior, no puede prescindir del mayor margen de maniobra que los gobiernos conservadores tienen para hacer políticas no conservadoras.

El impacto un poco favorable de la prensa no causó ninguna sorpresa. Obviamente, el culpable es el gobierno de Dilma, aunque la decisión, adecuada, de no hacer un ajuste mayor ha sido realizada por este equipo. Pero, como se dijo, independientemente de la naturaleza partidista de nuestra prensa, no es desconocido que los gobiernos menos conservadores finalmente terminen imponiendo una restricción fiscal más rigurosa que el gobierno más conservador.

Sólo por mencionar algunos eventos históricos conocidos, vale la pena recordar que uno de los patronos de la orden neoliberal actual, Ronald Reagan, expandió considerablemente el déficit público de América del Norte mediante la reducción de la presión fiscal combinada con un aumento de los gastos militares. Incluso con los EE.UU., la legislación que rige la negociación de la autorización del Congreso para elevar los límites de la deuda pública sólo se hizo pública en la década de 1990 cuando el partido republicano obligó a un "bloqueo temporal del gobierno" (cierre del gobierno) por negarse a elevar el techo de la deuda. Una situación similar se enfrentó dos veces Barak Obama en sus mandatos. En los gobiernos de Bush, padre e hijo, tales decisiones no pasaban de ser eventos ordinarios del congreso, apenas se dieron la prensa y el público en general.

Esta es una condición estructuralmente desigual apenas magnificada por la prensa del partido de Brasil: los conservadores no tienen que ser, ni parecer, fiscalmente conservadores. Ya los progresistas son naturalmente presionados para ser fiscalmente "responsables" (sic), lo que sería una manera de limitar los avances sociales que tales expansiones fiscales podrían traer. Los gobiernos progresistas que caen en esta trampa, como fue el caso de la presidenta Dilma, en un entorno de recesión pueden terminar sin nada: ni el equilibrio fiscal ni el propio mandato.

Sin embargo, a pesar de una amplia licencia para no tener en cuenta los objetivos fiscales estrictos de acuerdo con las necesidades del ciclo económico, es importante tener en cuenta que están allí, y se pueden utilizar en cualquier momento, o incluso magnificadas, como parece ser el caso brasileño actual para alcanzar metas mayores de la economía política. Lo que parece ser una estrategia muy clara en la coyuntura actual.
El déficit primario de este año puede ser presentado como un mal necesario e inapelable contra la herencia maldita del gobierno de Dilma, pero que necesita ser corregido próximo año. Como el componente de mayor peso son las transferencias del sistema de pensiones y el aumento del gasto en educación y salud la solución "natural" son los recortes en estos gastos. El proyecto de la congelación en términos reales de los gastos discrecionales va en este sentido.

Por otra parte, se espera que en algún momento que el PIB crezca de nuevo, una vez adoptado esta política, la proporción de estos costos en el producto tiende a caer. Lo que sería la verdadera jabuticaba brasileña: un país que tuvo al desarrollarse el gasto en salud y educación tendiendo a cero en términos de porcentaje del PIB!

Como se trata de bienes públicos proporcionados a la población, esta reducción se traduce en una caída de los salarios reales en el sentido más amplio, del trabajador. Privado de tales servicios tendría que buscarlos en el sector privado, teniendo que reducir otros gastos, menos esenciales, o simplemente vivirían con un menor nivel de bienestar.

Si el corte en la salud y educación tiene un carácter indirecto, las propuestas de indexación de las pensiones tienen un impacto directo sobre las cuentas públicas, en el salario real de los trabajadores y los ingresos de los sectores más vulnerables de la población. Dado que más del 50% de los gastos de pensiones son beneficios pagados por el monto de un salario mínimo y sabiendo que este gasto total asciende al  7,5% del PIB el no reajustar sea el piso según el mínimo o sea del propio mínimo por la inflación pasada, se obtiene alrededor del 7% en el 2016 lo que representaria un ahorro sustancial a las arcas del gobierno federal. Este número es aún más significativo si anotamos los beneficios por valor de hasta dos salarios mínimos conforman un total de 85% de las prestaciones sociales.

En resumen, por motivos de ajuste fiscal "necesario" en el fondo lo que se observa en Brasil es otro capítulo de conflicto distributivo entre los ingresos de capital y los salarios que históricamente ha garantizado atronadores victorias de la primera. Si el gobierno de Temer consigue llevar adelante sus propuestas de ajuste estructural, la pequeña reversión en la primera década de la década de 2000 habrá sido sólo una ligera desviación de una tendencia histórica.

*fruto del brasil con muchas propiedades







Original: Excedente

23 jun 2016

Keynes, Public Debt and the Complex of Interest Rates




Tony Aspromourgos (University of Sydney)


  ‘Keynes on the rate of interest showed himself in a typical mood: revolutionary in thought and very cautious in policy.’
James Meade, 26 February 1945 (Howson and Moggridge 1990: 46)


‘Words ought to be a little wild, for they are the assault of thoughts upon the unthinking. But when the seats of power and authority have been attained there should be no more poetic licence.’
John Maynard Keynes, 19 April 1933 (Moggridge et al. 1971–1989, vol. XXI: 244)


1. INTRODUCTION
The role of public debt in Keynes’s economic policy thinking is a question of considerable interest – most obviously, because deficits and debt have always been a prominent and important motif of debates around Keynesian economics. In a pair of companion articles I have sought to reconstruct Keynes’s views on public debt, in the first instance, via a comprehensive examination of his responses to the position of Abba Lerner (Aspromourgos 2014b).


 The conclusion of that investigation is that Keynes consistently offered qualified endorsement of Lerner’s ‘functional finance’ doctrine (Lerner 1943; 1944, esp. chapter 24) – the qualifications particularly turning on Keynes’s more nuanced view of the relationship between theory and policy and his consequent attentiveness to policy management of the psychology of the debt market. Thereby, Keynes rejected simple, mechanical application of Lerner’s doctrine to public finance practice. The second article considers, more generally, the policy levers and policy options available for reconciling full-employment demand growth with public debt management, when the debt trajectory is itself also an objective of policy, rather than being treated as a mere consequence of the pursuit of other policy objectives, of no policy interest in itself, as is the case for Lerner (Aspromourgos 2014a).

Keynes’s explicitly stated reasons for qualifying his endorsement of functional finance were: ‘false consciousness’ (my term) concerning public debt, that could generate interest rate and profitability expectations adverse to the pursuit of full employment; widening public sector deficits; ill consequences for distribution; and debt stabilizing at undesirably high levels. But I further suggested that these were unlikely to be Keynes’s only reasons, and so inferred from his wider commentaries on public debt – commentaries that do not actually refer to Lerner or functional finance – some additional probable reasons: the possibility of debt growth placing upward pressure on interest rates, in particular steepening the yield curve, for reasons other than false consciousness; excess-demand inflation simultaneous with involuntary unemployment, due to structural imbalances; and foreign-owned, especially foreign-currency-denominated, public debt (Aspromourgos 2014b: 427–9; also, on the interest rates issue, 2014a: 583–5). It is the first of the latter three issues that is not at all addressed by Lerner. In those earlier articles this possibility of public debt trajectories placing upward pressure on the level of interest rates, or steepening the term structure of rates, was not argued in detail, particularly with respect to the latter yield curve aspect (although extensive supporting citations were provided, in particular, from Moggridge et al. 1971–1989, vol. XXI; hereafter cited as CW, with relevant volume number).


The purpose of this article is to examine more fully Keynes’s understanding of the possible influence of publicdebt on interest rates, and on the term structure in particular. The focus is on his writings from the 1930s forward, thereby largely leaving aside what may be called ‘the pre-Keynesian Keynes’. Nevertheless we begin in section 2 with the Treatise on Money (1930; hereafter, TM). Its fundamentally orthodox, pre-Keynesian character does not necessarily mean that every element of it is rendered obsolete, in Keynes’s mind, by the new theory of 1936 – and unsurprisingly, some pertinent aspects of Keynes’s thinking from 1930 forward are evident also earlier (Moggridge and Howson 1974: 226–36). Section 3 then shows how the multiplier becomes a mechanism in which debt-financed public investment generates matching private saving plus tax revenues, via variations in aggregate activity levels and prices. As a consequence, it becomes possible for Keynes to conclude that increasing public debt need not place upward pressure on the level of interest rates, so long as policy can successfully manage the psychology of the debt market (section 4). This particularly concerns long interest rates, and hence, the term structure and market expectations of the future course of interest rates, leading to consideration of Keynes’s theory of the term structure – a theory which enables his conviction that policy can manage and shape long rates (section 5). The conclusion addresses also the question of whether Keynes’s caution concerning public debt and interest rates remains relevant today (section 6)

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12 jun 2016

Interferencia política



 Por Claudio Scaletta

En este espacio ya es un tópico destacar que las relaciones causa-efecto de la economía existen y, como se trata de una ciencia, son predecibles. Lo menos científico, pero igualmente predecible, son las reacciones de los economistas del régimen; ese grupo heterogéneo de consultores riquísimos, parlanchines mediáticos y profesores de universidades de elite. Tras las primeras medidas del nuevo gobierno cualquier observador que contara, no con la bola de cristal o grandes talentos, sino con apenas un poco de buena teoría, estaba en condiciones de predecir que se desataría un proceso recesivo e inflacionario. Paso seguido y como sucede siempre, las recesiones impactan sobre el déficit fiscal por caída de la recaudación, dinámica que abre la posibilidad del círculo vicioso contractivo. Es una secuencia simple en la que se puede diferir en cuanto a las magnitudes, pero no en las transformaciones cualitativas.

El segundo punto predecible era que los voceros del mainstream ortodoxo, frente a los resultados de deterioro evidente sobre el nivel de vida de las mayorías, cargarían las culpas sobre “la interferencia de la política”. El proceder es conocido: en el mundo puro de los ajustes ortodoxos la reacción social es apenas una impureza. Quienes deben afrontar esta impureza son “los políticos”, tarea que normalmente afecta otra pureza, la del modelo de ajuste vía no ir a fondo con la reducción del gasto y la contracción monetaria. El problema también es simple: el límite del ajuste está dado por su sustentabilidad política, por el escollo de volver a ganar elecciones.

El pasado miércoles, en una conferencia realizada en la Universidad Di Tella con el sugestivo título de “La consistencia del plan económico de Cambiemos” las citadas predicciones de interferencia fueron llevadas a un máximo. Dado que se trata de la letra que se escuchará asiduamente en los próximos meses, vale la pena un breve repaso. Quien tenga tiempo puede ver la conferencia completa aquí: 



 una buena manera de acceder a la visión que el régimen tiene de sí mismo.

Los expositores fueron Miguel Ángel Broda, Javier González Fraga y José María Fanelli. Todos coincidieron en el diagnóstico de la pesada herencia, esa crisis en la que los argentinos vivían sin saberlo, bajo el rótulo constante y amenazante de “populismo”. Haberse librado del populismo ya sería un logro mayúsculo, pero la gran preocupación reside en la posibilidad de su regreso, en una corta primavera neoliberal, lo que lleva a la necesidad de abordar las inconsistencias macroeconómicas del nuevo gobierno, tarea de la que en la conferencia sólo se ocupó Broda, mientras que González Fraga optó por una encendida arenga política y Fanelli por el comentario general.

Yendo de lo menos a lo más interesante, González Fraga enfatizó en que, contra todas las apariencias, el hijo de Franco Macri “recontra” tiene un plan. “No lo subestimen”, reclamo, su objetivo ahora es ganar sí o sí en 2017, la clave de su continuidad. Para el ex presidente del Banco Central de Carlos Menem, la sumatoria de éxitos del primer semestre, como la devaluación del 40 por ciento que no fue del 150 o el pago sin mayor discusión a los buitres que inició la vuelta al mundo, junto a los “sinceramientos” tarifarios que tanto le cuesta asumir aun a los votantes de Cambiemos, fueron, a pesar de lo exitoso, la voluntad programada de acumular todas las malas noticias al comienzo de la administración. En esta línea consideró un error no haber transparentado la “pesada herencia” desde el minuto cero, pero dejó claro que él no era el político y quizá Macri sabía mejor que hacer. Lamentó también que todo ocurra en un contexto internacional desfavorable, especialmente por la contracción brasileña, lo que sumado a la “pérdida de competitividad cambiaria” lo hizo descartar una salida exportadora, un reconocimiento notable. A partir de ahora, explicó, todo el énfasis estará en contener a 15 millones de pobres, que situó 11 millones en el conurbano bonaerense y 4 millones en el Norte. La contención, dijo, no será posible vía mayores ingresos, para ello no hay tiempo, sinceró, sino con mejoras en las obras de infraestructura, las que de paso reactivarán la economía. Cuesta entender que modelo de crecimiento tiene en mente González Fraga, pero según él existen 50 mil millones de dólares de inversión esperando por entrar al país. Como dato de color llamó marxista y perverso al ex ministro Axel Kicillof.

Quien realmente habló de macroeconomía fue Broda. Si se limpia su presentación de todos los juicios de valor para concentrarse en los números se comprende la desazón que causó en parte del auditorio. Mostró que 2016 cerrará con una tremenda caída del PIB, cuya tasa anualizada ya alcanzó en el segundo trimestre 6 puntos, pero que quizá se morigeraría hasta un 2, y que si bien la inflación estaría en baja tras el shock tarifario, se encuentra en torno al 40 por ciento anual. En ambos casos, señaló, fue porque el gobierno subestimó los efectos de sus propias medidas. Pero la verdadera angustia vino por otro lado. No por las reiteradas descoordinaciones de los equipos de gobierno al no existir “un Cavallo o un Lavagna” que unifiquen acciones, sino porque la necesidad política de ganar elecciones llevó a expandir el gasto y a no tener una política monetaria lo suficientemente contractiva. Todo en un contexto en que la recesión provocada hizo caer ingresos, es decir: disparar el déficit. Lo más notable fueron las cuentas sobre los gastos que vienen, la devolución a las provincias del 15 por ciento de coparticipación sumará unos 60.000 millones, mientras que los efectos de la nueva ley ómnibus que, con modificaciones, ya obtuvo dictamen favorable en el Congreso, costará 13.200 millones (0,2 del PIB) este año y 83.400 (1,2 del PIB) el que viene, lo que llevará los gastos de la seguridad social al 12 por ciento del PIB, “igual que Francia”, dando lugar a “un problema de sostenibilidad fiscal de magnitud” que no podrá ser compensado por el blanqueo ni por la venta de las acciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses. El déficit fiscal proyectado por Broda fue de 7 puntos del Producto (“igual que Brasil si se suman 3 puntos más del cuasifiscal”). Finalmente, destacando sólo lo más importante, el nuevo modelo, incluso cuando se retome el crecimiento, allá lejos por 2017-2019, tendrá problemas para generar empleo.

Por todo esto Broda reconoció que aconseja a sus clientes internacionales invertir en Argentina, pero advirtiéndoles que “no se enamoren”. ¿Será porque el cuco populista esta a la vuelta de la esquina? No quedó claro, pero sí sus esperanzas en que el peronismo que venga tenga “otras caras”

Original: Pagina 12

9 jun 2016

Consumo e inversión




Por Enrique Aschieri *
Es recurrente que en el debate público actual, se defina y reproche como experiencia populista a aquellas que se desenvolvieron cabalgando sobre la incentivación al consumo, menospreciando o lo que es peor contrariando las inversiones. Aunque las pruebas sobre lo que afirman brillan por su ausencia, la lógica cartesiana que los anima los hace aparecer como el último refugio de la racionalidad: más ahorro, esto es menos consumo y volcar la diferencia así obtenida a la inversión, y el crecimiento asegurado sobre bases muy firmes. Pura y lisa lógica cartesiana. El asunto es que al capitalismo realmente existente se lo puede acusar de muchas, muchas cosas, pero de una no: ser cartesiano. El sistema capitalista realmente existente cuanto más consume más invierte y si no hay mercado previo nadie se pone a producir; es decir, no se invierte. De manera que en el mundo tal cual es, la inversión resulta una función creciente del consumo.

Bajo la lógica señalada, de la inversión como función creciente del consumo, ambicionar el impulso a la inversión o al menos evitar que recule cuando las metas enunciadas buscan premeditadamente que el consumo final decline o que se ajuste a lo que se considera sus posibilidades reales; o sea, por debajo del nivel a que –con cierta perversidad– alentó llegar el populismo, como se lo suele declarar abierto o embozado, deviene en una mera ilusión sin ningún sustento en los datos reales de las condiciones de funcionamiento del sistema. Pero es una ilusión peligrosa. No da los resultados que se esperan, porque no puede dar los resultados que se esperan, y el gambito puede durar hasta que la sociedad civil comienza a comportarse como Tarzán. Es esto lo que no le conviene a nadie.

No obstante, y en medio de este escenario de misiones imposibles ¿qué pasa si un buen día, de golpe y porrazo, por la razón que fuere, le llueven al país miles de millones de dólares? Incluso, ¿no sería provechosa la disciplina impuesta de que al haber menos consumo del acostumbrado tramposamente por el populismo se apresura el ritmo de la inversión, pues se puede consagrar la parte del león de estos llovidos ingresos adicionales a la compra e instalación de bienes de capital, importando máquinas para construir altos hornos para producir acero para hacer chapa para hacer más automóviles y aires acondicionados, en un par largo de lustros? ¿Durante esta hipotética etapa los trabajadores industriales estarían aferrados al piso, con ingresos tan interesantes que les permitiría consumir cosas reales, por caso esos mismos automóviles y aires acondicionados, en vez de las ficciones a las que mal acostumbró el desangelado populismo?

Lo cierto es que al razonar con la buena voluntad de esa manera, a la inversión y el consumo se los trata como magnitudes inversamente proporcionales, que es lo que son por naturaleza. La excepcional entidad del sistema capitalista es que éste puede funcionar solamente por tratar al consumo y la inversión como directamente proporcionales entre sí, mientras que esto es objetivamente imposible, ya que el consumo y la inversión son los dos componentes de una dimensión dada, es decir, el ingreso nacional. Contradictorio en vez de cartesiano. Es que este dilema es una de las manifestaciones de las contradicciones fundamentales del capitalismo, entre la producción social y la apropiación privada. Como corolario, tomando como punto de partida la perspectiva en baja del ingreso de los argentinos, ningún empresario –mono o multinacional– instalaría fábricas aquí. Sin embargo, sin nuevos medios de producción los ingresos de los argentinos no pueden ser aumentados. Y si se plantea esquivarle al bloqueo por medio de producir sólo para exportar, sucede que a excepción de los productos primarios estandarizados, tal operación luce ir más allá de la “fiabilidad” del capitalismo tradicional. En cualquier caso, nunca se había visto sin ingredientes geopolíticos de consideración. Lo único que lloverá, si llueve, será deuda.

En realidad, las posibilidades de incrementar la inversión con salarios deprimidos están restringidas a la economía planificada por el Estado, no regulada por el mercado. Es entonces una suprema ironía y el último absurdo que partidarios tan decididos de la libre empresa alienten un capitalismo en el que para maximizar el crecimiento del producto prevalezca, muy fuerte, la planificación central, a la que deploran. Curioso, muy curioso, es que parecen ni estar enterados de la contradicción inscripta entre los fines que persiguen y lo medios que necesitan. Las consecuencias políticas de esta inadvertencia pintan como no menores.

* Economista, docente de la UNM.

Original: Pagina 12

7 jun 2016

¿“Cepo” al empleo?







por Santiago Gahn*


Mauricio Macri vetó la ley de emergencia ocupacional. ¿Por qué podría hacer eso un Presidente en época de despidos y caída de la actividad industrial?

Intentaremos brindar una respuesta en base al programa teórico que conduce a este gobierno. El principio de sustitución factorial, aquél por el cual las empresas pueden reemplazar indistintamente máquinas por trabajadores, es uno de los principios básicos de la teoría marginalista.

Bajando el salario, los empresarios se darán cuenta que, al ser el trabajo un factor productivo más barato en relación al capital, usarán más trabajadores y menos máquinas. El proceso de ajuste, asumiendo que es un proceso que existe y que es muy lento, será doloroso para los trabajadores, ya que hasta que los empresarios realicen sus decisiones los trabajadores sufrirán de bajos salarios. Pero todo este “sacrificio” sería en pos de una mejora posterior “para todos”, ya que todos los trabajadores serán empleados cuando el proceso de ajuste termine, es decir, se logrará el tan deseado pleno empleo. Hasta aquí, un mundo feliz.

Sin embargo, no todo termina allí. El verdadero problema existe cuando el principio de sustitución factorial no opera como mecanismo de ajuste, por lo que la baja de salarios no conducirá a un aumento del nivel de empleo, sino lo contrario: una caída aún peor, es decir más desempleo y luego, menos salarios. Lo que es un círculo vicioso que nunca acaba: desempleo, baja de salarios, recesión por falta de consumo, mayores despidos, mayor desempleo, salarios más bajos.

La teoría marginalista del valor y la distribución no ha podido superar las múltiples críticas realizadas por varios autores durante las Controversias del Capital en la década del ´50. Piero Sraffa, en el año 1960, escribió un libro que fue un preludio a la crítica de la teoría marginalista retomando los principios de la economía política clásica de Adam Smith y David Ricardo.

Una interpretación bajo este último enfoque, permitiría sostener que la ley de emergencia ocupacional no es más que un mecanismo institucional que procuraba defender los salarios. Para Macri y los macrimarginalistas, esto sería muy injusto, porque los sindicatos (y, en este caso, los legisladores) operarían como factores que impiden la “libre cotización” de los salarios: la ley de emergencia ocupacional trabajaría como un “cepo”, como bien dijo el Presidente de la Nación en su visita a la empresa Cresta Roja.

Pero si el mecanismo de sustitución factorial no opera, ¿entonces es realmente un cepo? Bajo el enfoque de la economía clásica, sumando el principio de la demanda efectiva de John Maynard Keynes, esta ley hubiese protegido, parcialmente, a los trabajadores de ese mecanismo vicioso explicado anteriormente.

Uno de los mecanismos institucionales de defensa de los salarios, la ley de emergencia ocupacional, ha sido vetado. De no existir medidas que compensen la caída de los salarios de todos los trabajadores producto del aumento del desempleo, será muy difícil que el crecimiento resurja en el segundo semestre.
Original: Trabajo y Economía


*Licenciado en Economía (UNLP). Editor de aprendiendoeconomia.com